En Argentina, la educación dentro de las cárceles existe hace décadas. Sin embargo, hubo momentos de la historia reciente que fueron claves para su desarrollo e implementación.
En 1986, el Servicio Penitenciario Federal y la Universidad de Buenos Aires firmaron un convenio para poner en práctica el sistema UBA XXI en contextos de encierro. Fue esta la primera casa de estudios superiores que se acercó a la población carcelaria. A través de este programa, los detenidos pueden estudiar Derecho, Contaduría, Psicología, Letras y Sociología.
En 2011, se sancionó la Ley de Estímulo Educativo que "consiste fundamentalmente en la reducción de distintos periodos de tiempo, hasta un máximo acumulativo de veinte meses, siempre que el interno complete en forma total o parcial estudios en los diferentes posibles niveles educativos, así como trayectos de formación profesional o equivalentes, para avanzar a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario".
A nivel nacional, la Ley 24.660 Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad comenzó a hablar del tema. El artículo 133 explica que "los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación Técnico-Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Superior y toda otra norma aplicable".
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En la provincia de Buenos Aires, la Ley 12.256 fue otro punto de partida. Según el artículo 31, "el Servicio Penitenciario adoptará las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar la educación facilitando instalaciones, bibliotecas, salas de lectura y materiales necesarios para la implementación de los planes de educación".
Además, el artículo 143 destaca que "el Servicio Penitenciario procurará el apoyo docente y el equipamiento mínimo necesario para el funcionamiento de las escuelas técnicas o centros de producción, favoreciendo la obtención por parte de los internos de los elementos que mejoren sus condiciones de trabajo o el producto del mismo".
Finalmente, la Ley 26.695 de Educación en Contextos de Encierro sustituyó el capítulo VIII de la Ley 24.660 y estableció nuevos enfoques sobre la educación dentro del Sistema Penitenciario Argentino.