Ubicado en el centro de La Paz, frente a la Plaza Murillo, el Palacio Quemado fue durante décadas el escenario de decisiones clave para la vida institucional de Bolivia. Sin embargo, su nombre tan singular no responde a una metáfora ni a una anécdota menor.
A pesar de haber sido reemplazado en funciones por la Casa Grande del Pueblo, el Palacio Quemado sigue siendo un símbolo del poder político boliviano y conserva su lugar en la historia como sede de múltiples gobiernos, golpes de Estado y crisis institucionales.
¿Por qué el Palacio Quemado tiene ese nombre?
El 20 de marzo de 1875, en medio de una intensa inestabilidad política, un grupo opositor liderado por Carlos Ressini y Modesto Moscoso intentó tomar el control del Palacio Presidencial durante el gobierno de Tomás Frías.
El asalto, sin embargo, no logró su objetivo. Al verse imposibilitados de ingresar al edificio, los atacantes arrojaron antorchas encendidas desde la Catedral Metropolitana, ubicada frente a la sede de gobierno.
El fuego se propagó con rapidez y destruyó gran parte del inmueble. El tejado original colapsó, se perdieron las armaduras estructurales y el interior fue devastado con la caída del tercer piso. Aunque luego fue reconstruido, el edificio quedó marcado por aquel ataque y pasó a ser conocido popularmente como el "Palacio Quemado".
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¿Cuándo dejó de utilizarse como sede de gobierno?
A lo largo del tiempo, el Palacio Quemado fue sede de múltiples gobiernos, tanto democráticos como de facto. También fue escenario de protestas, renuncias presidenciales y cambios de mando intempestivos, lo que refuerza su lugar en la memoria institucional del país.
En 2018, el entonces presidente Evo Morales inauguró la Casa Grande del Pueblo como nueva sede del Ejecutivo. Desde entonces, el Palacio Quemado dejó de ser el centro operativo del gobierno, aunque sigue siendo utilizado para actos protocolares y visitas oficiales.
Según el medio boliviano Ahora El Pueblo, el edificio es considerado “un patrimonio histórico” que representa la memoria de las luchas sociales y los cambios institucionales del país.
