La frase “lavar dinero” aparece con frecuencia en las noticias, series o películas policiales. Sin embargo, no siempre queda claro de dónde viene ni qué significa exactamente. Aunque no se trata de lavar billetes de forma literal, el concepto sí está relacionado con limpiar algo: en este caso, el origen ilegal del dinero.
El término nació en Estados Unidos en el siglo XX y está vinculado a los negocios de la mafia, que necesitaba justificar las enormes sumas de efectivo que obtenía de actividades ilegales.
¿Qué significa lavar dinero?
De acuerdo con la definición de la ARCA, lavar dinero es un proceso mediante el cual se busca “dar apariencia de legalidad a bienes o activos obtenidos de manera ilícita”. En otras palabras, se intenta que el dinero “sucio”, proveniente de delitos como el narcotráfico, la corrupción o la evasión fiscal, parezca limpio y legal para poder usarlo sin levantar sospechas.
Este mecanismo se lleva a cabo en varias etapas, que suelen repetirse en todo el mundo:
- Colocación: ingreso del dinero ilegal en el sistema financiero.
- Estratificación: ocultamiento del rastro a través de múltiples transacciones.
- Integración: reintroducción del dinero en la economía formal como si fuera legítimo.
El origen histórico de la expresión
La mayoría de los especialistas ubican el nacimiento del término en la década de 1920 en Estados Unidos, en plena época de la Ley Seca. Los mafiosos de entonces, como Al Capone, ganaban fortunas con la venta ilegal de alcohol y buscaban formas de justificar esos ingresos.

Una de las estrategias fue invertir en lavanderías automáticas, negocios de apariencia inocente que trabajaban únicamente con efectivo. Esto les permitió “mezclar” el dinero ilícito con las ganancias legítimas de las lavanderías, disimulando su origen. De ahí surgió la metáfora de “lavar dinero”, es decir, limpiarlo para que resultara aceptable ante la ley.
Consecuencias actuales del lavado de dinero
Hoy, lavar dinero sigue siendo un delito grave en todo el mundo. Según organismos internacionales como la ONU, esta práctica no solo afecta la economía de los países, sino también la credibilidad de sus instituciones.
En Argentina, la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos (2000) establece penas de entre tres y diez años de prisión para quienes participen en estas operaciones. Además, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) exige controles a bancos y empresas para evitar que el dinero ilegal circule sin control.
