Desde nacimientos de personas célebres hasta eventos que marcaron un antes y un después, en esta nota te contamos tres hechos clave que ocurrieron un 8 de junio en Argentina.
1911 – Nace Edmundo Rivero
El 8 de junio de 1911, en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, nace Edmundo Rivero, uno de los cantantes más recordados del tango argentino. Además de su característica voz grave, fue guitarrista, compositor y un gran difusor del género.
Se lo recuerda especialmente por su trabajo con Aníbal Troilo y por haber fundado el famoso local El Viejo Almacén, símbolo de la cultura porteña. Rivero también fue un estudioso del lunfardo, la jerga popular del tango, y colaboró en preservar su uso.
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A lo largo de su carrera, grabó clásicos como Sur, Amablemente y La última curda. Su estilo inconfundible y su compromiso con la música popular lo convirtieron en una figura central en la historia cultural argentina.
1970 – La dictadura militar remueve a Onganía, también dictador
El 8 de junio de 1970 la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas destituye al dictador Juan Carlos Onganía como presidente de facto de la Nación.
Onganía había llegado al poder tras derrocar al presidente constitucional Arturo Illia en 1966, dando inicio al régimen conocido como la Revolución Argentina, que prohibió la actividad política y sindical.
La salida de Onganía fue producto de una creciente crisis política y social. El Cordobazo en 1969 marcó un punto de quiebre en la resistencia popular y, en 1970, el secuestro y asesinato del exdictador Pedro Eugenio Aramburu por parte de la organización Montoneros aumentó la presión sobre el gobierno militar.
Onganía fue reemplazado por Roberto Levingston, aunque la inestabilidad continuó hasta la asunción de Alejandro Agustín Lanusse en 1971.
1987 – Se promulga la ley de divorcio vincular
El 8 de junio de 1987, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, se promulga la ley 23.515, que permite el divorcio vincular en la Argentina. Con esta modificación al Código Civil, se habilita a las personas divorciadas a volver a casarse por civil, lo que representó un avance significativo en los derechos individuales y la autonomía familiar.
La norma fue resistida por sectores conservadores y la Iglesia Católica, pero finalmente fue aprobada por el Congreso. La ley fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos y marcó un hito en la ampliación de derechos civiles, al igual que otras medidas tomadas por la administración de Alfonsín en materia de salud, educación y democracia.
